domingo, 27 de octubre de 2013

LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR



El artículo 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como el de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Por ello, desde hace ya varios años se ha tratado de progresar en el derecho de los trabajadores a poder compatibilizar su vida profesional y personal, impulsando diversas medidas para conseguirlo, por ejemplo, el establecimiento de excedencias voluntarias y permisos para el cuidado de familiares, la posibilidad de adaptar el horario laboral para la conciliación de la vida profesional y familiar, el permiso por lactancia, por hospitalización de los recién nacidos, etc.

De esta forma se cumple con los establecido en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que dispone que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

VIOLENCIA DE GÉNERO



La  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define este tipo de ataque contra la mujer como cualquier manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

La violencia de género abarca todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

En estos casos, las mujeres maltratadas tienen derecho a establecer denuncias ante cualquier cuartel de la guardia civil o comisaría de policía. Con ello, se iniciará un procedimiento judicial para investigar los hechos e imponer las posibles sanciones orientadas a la protección de la mujer

Además, se tiene derecho a solicitar una orden de protección por la que se reconozca la situación de peligro en la que se encuentra la víctima de violencia de género y se impongan una serie de medidas económicas y sociales para su protección.